Memorias del futuro

En 2018 publicábamos finalmente el libro “Shadow Libraries: Access to Knowledge in Global Higher Education“. El capítulo sobre Argentina es de mi autoría y tuve oportunidad de presentarlo en dos ocasiones, una de las cuales hablé un poco acá.

Para ser franca, en aquel entonces me parecía que todo eso de lo que habíamos hablado en ese libro y en esas presentaciones ya era “historia pasada”, pero estos días en que la pandemia de COVID19 llegó finalmente a Argentina me estuve acordando mucho de ese libro, de la experiencia de BiblioFyL, y de lo que escribimos en ese libro sobre los problemas aún sin resolver del derecho de autor en nuestras latitudes.

Ahora que todas las clases pasaron a ser “en línea”, sin que nadie sepa demasiado bien qué significa eso, se notan todas las limitaciones históricas en este tema. No tenemos ni siquiera un plan de contención para quienes no pueden acceder a las fotocopias; los libros que los estudiantes necesitan para estudiar solamente se encuentran en formatos físicos; para colmo, nuestra ley de propiedad intelectual (la 11.723) es completamente obsoleta y no permite usos tan básicos como compartir un archivo digital mediante un campus virtual. De manera para nada sorprendente, esta crisis nos agarró “poco preparados” para dar acceso a los estudiantes a los materiales que necesitan para estudiar. Los titulares de cátedra están más preocupados por “cómo van a hacer con la bibliografía” (porque no la tienen online o porque no la quieren poner a disposición online) y nunca faltan aquellos que agradecen a las editoriales con las que tienen un contrato porque les permitieron poner a disposición un par de capítulos de los libros que ellos mismos escribieron. Más miserable no se consigue.

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Pile of books” por Missmarettaphotography en
Hendrik Conscience Heritage Library en Antwerp CC BY SA 4.0

Las ironías no tienen límite. Una de ellas por ejemplo fue el aviso de JSTOR de que hacía sus materiales “acceso abierto“, para luego retractarse y aclarar que en realidad no hacían nada acceso abierto, sino que simplemente mejoraban su interfaz de búsqueda para material que ya era acceso abierto dentro de su base de datos. Hubo gente como Aaron Swartz que se murió tratando de hacer que esos materiales estuvieran disponibles. Por las dudas, JSTOR se encargó rápido de volver a recordarnos que sí, se murió al pedo.

Y en el medio de la pandemia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología avisó que iba a poner a disposición la biblioteca electrónica científica para que quienes hacen ciencia en Argentina puedan acceder a las bases de datos desde cualquier IP, y no solamente desde las IP de los institutos de investigación y universidades asociadas. En estos momentos críticos del país no voy a desprestigiar a ninguna institución científica, pero plantear que el método preferido por los investigadores es la biblioteca electrónica científica y no Sci-Hub es desconocer las condiciones ultra precarias en las cuales se hace ciencia en Argentina. Quien tenga dudas que se de una vuelta por cualquier facultad de la UBA para ver cuántos doctorados caben por metro cuadrado en sus institutos, a ver si un doctorado va al instituto a usar la biblioteca electrónica científica. No sucede. Entre Alexandra Elbakyan y Roberto Salvarezza, la Elbakyan ganó la partida.

En aquellos tiempos lejanos de la BiblioFyL, cuando recibimos una carta de intimación obligándonos a darla de baja por infringir el derecho de autor, la Facultad de Filosofía y Letras fue y vino dándonos vueltas y escatimando su apoyo. Que sí, que no, que sí, que no. Recuerdo una última reunión en la que participé en que la propuesta de dos secretarios fue que básicamente nosotros (que éramos los afectados) nos encargáramos de confeccionar una lista de autores en el dominio público para que ellos empezaran a subir al campus virtual.

El momento es ahora

No tengo claro en qué va a desembocar todo este desastre que significa la pandemia, pero si tuviera que tirar los dados diría que hay algunas cosas para mirar y prestar atención.

La primera: es una virtual fantasía proponer que ahora, de prepo, toda la educación sea “online” o “virtual”. Hace años que doy cursos en línea, los suficientes como para saber que las prácticas pedagógicas en el curso presencial difieren sustancialmente de las clases en línea. Pensar que ponerse delante de una cámara web y hacer una videoconferencia por Zoom equivale a “dar clases en línea” más que insultante es estúpido, y en todo caso demuestra la escasa comprensión que nuestros docentes terciarios y universitarios han tenido históricamente de los componentes pedagógicos. Cuando baje la espuma habrá que ver los saldos resultantes de este experimento de emergencia. Insisto: lo que están haciendo ahora no son clases en línea, son clases de emergencia. Clases en línea es otra cosa.

Segundo, como bien dijo Creative Commons hace unos días, “Ahora es el momento para las políticas de acceso abierto: esta es la razón“. En ese post hablan sobre el acceso abierto a las publicaciones científicas, subrayando la necesidad de estas publicaciones se compartan para acelerar la búsqueda de una cura para el COVID19. Pero la realidad es que más allá de estos tiempos excepcionales, no hay nada razonable en las políticas que restringen el acceso a la investigación científica. Estas restricciones son dignas de una sátira más que de políticas basadas en evidencia.

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The time is now to be radical” por Derek Read CC BY 2.0

Lo tercero, y lo más importante, es que este es el momento para insistir en la necesidad de las limitaciones y excepciones al derecho de autor, y en el apoyo institucional necesario que tiene que provenir de las facultades y universidades para brindar acceso irrestricto a los materiales de estudio. BiblioFyL fue hija de la necesidad, pero de ninguna manera le corresponde a los estudiantes gestionarse la bibliografía, como de manera tan campante pensamos en nuestras latitudes. La mitad de mi trabajo es dar cursos a bibliotecarios que están justamente pensando en cómo les proveen de acceso legal y sin costo a la bibliografía a sus estudiantes. Por supuesto, la necesidad de recursos educativos abiertos es muy loable, pero estamos a años luz de esa discusión.

El momento para las excepciones y las limitaciones es ahora. Vean si no por ejemplo la declaración sobre uso justo y educación que publicó un grupo de bibliotecarios de Estados Unidos, y la inmensa decisión que tomó Internet Archive de proveer una biblioteca nacional de emergencia para todos los estudiantes de Estados Unidos. Estas decisiones son arriesgadas y las toman instituciones con espalda suficiente para comerse unos cuantos juicios. Pero cuando Internet Archive y otras grandes universidades deciden hacer esto, están tomando la decisión de apoyar a las instituciones más pequeñas que no tienen ningún recurso para enfrentarse al monopolio del copyright.

Espero que cuando baje la espuma de la pandemia nos quede algo más que la indignación frente a la privatización de los sistemas de salud, frente al descalabro institucional que significó el macrismo y la precarización de las condiciones de trabajo de sectores fundamentales para el funcionamiento del país, desde la ciencia hasta los médicos. Espero que de una vez por todas las instituciones educativas de más peso, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tomen el toro por las astas y acaben con esta estupidez de tener una ley de propiedad intelectual que no permite que se puedan compartir materiales educativos por Internet. Esta estupidez se tiene que terminar, y está en las manos de estas instituciones tener un liderazgo ejemplar y moverse políticamente y de manera decisiva para ponerle fin al reinado demasiado largo de las sociedades de gestión colectiva, que históricamente han impedido cualquier discusión seria sobre la necesidad de limitaciones y excepciones a la ley de derecho de autor.